Bolivia permanece hoy expectante tras la suspensión hasta el 20 de abril de la vista en que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comparece imputado por la presunta compra irregular de un carro bombero.
La audiencia en la cual Camacho participaba de manera virtual desde la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, fue instalada en el Palacio de Justicia de la capital cruceña.
Sin embargo, un incidente de nulidad a la imputación formal contra el jefe del ejecutivo departamental presentado por su defensa jurídica provocó que la autoridad jurisdiccional determinara suspender la cautelar.
Con anterioridad, un juez señaló audiencia de aplicación de ese tipo de medida para el 18 de abril, y el abogado Marcelo Aliaga anticipó que se iba a adherir a la solicitud del Ministerio Público, por lo cual pedirá la detención preventiva por el plazo de 180 días.
Sostuvo el jurista en representación del diputado Hernán Hinojosa que, según las investigaciones, la compra del motorizado fue irregular y sólo cuando se hizo la denuncia penal la parte imputada activó las gestiones para que el carro llegara a territorio nacional. Asimismo, explicó que, pese a que ahora la Gobernación pretenda hacer una disolución de contrato con la empresa, la “conducta que tuvieron debe ser sancionada”.
Una denuncia del diputado Rolando Cuellar activó este expediente en el cual se reveló que la Gubernatura contrató la compra del vehículo el 28 de enero de 2022, que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, hasta agosto no se concretó esa operación.
Por estos hechos Camacho es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
De acuerdo con la parte acusatoria, presuntamente hubo una contratación irregular, porque el motorizado fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública. La Fiscalía demandó que, mientras avanzan las pesquisas, Camacho permanezca detenido preventivamente por seis meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde actualmente guarda reclusión cautelar por 120 días como uno de los principales acusados en el caso Golpe de Estado I.
En este expediente se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata con saldo de 38 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.
PL
