La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su gran preocupación por la represión policial que ejerció el Gobierno argentino del presidente Javier Milei durante el tratamiento en el Congreso de la fallida “ley ómnibus”.
Ambos organismos “manifiestan su profunda preocupación ante denuncias recibidas por parte de organizaciones de la sociedad civil quienes señalaron uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas manifestantes y periodistas en Argentina”, indicaron en un comunicado.
La CIDH y la Relatoría instaron al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística y a garantizar la seguridad.
Entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron detenidas 31 personas durante las protestas convocadas frente al parlamento mientras se discutía el proyecto de “ley ómnibus”, cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos, el cual terminó fracasando durante su votación artículo por artículo.
Mientras se debatía dentro de Diputados esta propuesta, unas 285 personas fueron heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad, según constató el Comité Nacional para Prevención de la Tortura, mientras que el Gobierno informó de siete agentes heridos durante los enfrentamientos.
“Adicionalmente, según sindicatos de trabajadores de la prensa, alrededor de 35 personas periodistas y comunicadoras presentaron algún tipo de heridas, incluyendo lesiones por impactos de balas de goma y quemaduras con gases lacrimógenos”, señalaron la CIDH y la Relatoría.
Ambos organismos también recibieron denuncias “de declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades descalificando y desacreditando la labor de mujeres periodistas, así como en contra de personas manifestantes, congresistas y opositores”, especificaron.
La CIDH observó que la protesta y manifestación pacífica son esenciales en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Ante una protesta, “el uso de la fuerza es un recurso último y excepcional, que debe limitarse a circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del mismo”, conminó la Comisión.
Si se dan actos de violencia, las autoridades no deben actuar de manera indiscriminada, sino individualizar a los responsables y distinguirlos de quienes ejercen su derecho a manifestarse.
La CIDH también destacó la labor dela prensa como un elemento “fundamental” para mantener informada a la sociedad y evitar abusos de autoridad.
“Cuando se afecta la integridad física de los periodistas que cubren protestas, se violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen”, consideró.
LA CIDH y la Relatoría recordaron al Estado argentino que deben garantizar la seguridad de todas las personas y que sus representantes deben abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que expongan a trabajadores de medios de comunicación a una mayor violencia.
Los dos organismos también reclamaron al Estado que investigue las denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza pública y a sancionar a los agentes que se sobrepasaron.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH, que a su vez es una institución autónoma de la Organización de Estados Americanos, integrada por siete miembros, responsable e promover el respeto de los derechos humanos en este hemisferio.
Ante escenarios complejos en el que se registren actos de violencia, el actuar de las autoridades no debe ser indiscriminado, sino que debe individualizar a estos actores violentos y distinguirlos respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación pacífica. (Sputnik)