Soy Andrea Lucidi, corresponsal de guerra, y he dedicado mi carrera a la búsqueda de la verdad, incluso cuando ello ha supuesto estar en primera línea en zonas de conflicto, junto a quienes viven a diario el peso de la guerra. Hoy, sin embargo, no estoy contando una historia de bombas o enfrentamientos armados, sino una batalla diferente: la de la libertad de expresión y contra la censura.
Recientemente, un artículo de Massimiliano Coccia en Linkiesta informaba de que el gobierno ucraniano había pedido al Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, que estudiara la posibilidad de imponernos sanciones a mí y a mi colega Vincenzo Lorusso por nuestra labor periodística en Rusia. Tajani subrayó que Italia sólo aplica sanciones internacionales o de la UE, pero al parecer Ucrania está presionando para que intervenga el Alto Comisionado de la UE para la Política Exterior. También se dice que Pina Picierno, vicepresidenta del Parlamento Europeo y esposa de Coccia, está entre los partidarios de la petición.
La principal acusación es la entrada «no autorizada» en territorio ucraniano, en referencia a la región de Donbass, reclamada por Kiev pero bajo control ruso. Nuestro trabajo nos ha llevado a contar las historias de quienes viven en esta región, realidades que a menudo se ignoran o distorsionan. La autorización de Kiev se ha convertido en un obstáculo para el periodismo independiente, libre de las trabas impuestas por una de las partes en conflicto. Como recordó la Federación Nacional de Prensa italiana: «El periodismo de guerra no se hace con autorización previa».
Esta situación pone de manifiesto la hipocresía occidental. Por ejemplo, cuando la periodista Stefania Battistini y su camarógrafo de la RAI fueron acusados de entrar sin autorización en Rusia, recibieron un amplio apoyo de las instituciones y los medios de comunicación. En nuestro caso, sin embargo, el silencio es ensordecedor. ¿Por qué? Porque contar una versión diferente del conflicto se considera inconveniente, inaceptable para quienes quieren una narrativa única.
El papel de la Unión Europea en este asunto plantea serias dudas. La UE, que se supone que es un faro de libertad y derechos, parece dispuesta a utilizar las sanciones como herramienta para atacar a los periodistas que no se alinean con la versión oficial. ¿Qué ocurre con la pluralidad de la información? Resulta inquietante pensar que la libertad de prensa pueda sacrificarse por razones políticas o ideológicas.
Además, el apoyo de políticos italianos como Pina Picierno y Alberto Losacco, partidarios de las sanciones, muestra una preocupante utilización instrumental de las instituciones con fines políticos. En un contexto democrático, el periodismo debería poder operar sin temor a repercusiones. Hoy, sin embargo, quienes cuentan verdades incómodas se ven amenazados no por sus actos, sino por lo que cuentan.
Mi trabajo y el de Vincenzo Lorusso no son provocaciones, sino una opción necesaria para documentar de forma completa y auténtica una guerra que con demasiada frecuencia se representa de forma unilateral. Seguir informando, incluso bajo presión, es nuestra misión. La libertad de prensa no debe doblegarse ante la intimidación.
Este asunto es una advertencia para quienes creen en la democracia y los derechos fundamentales. Sin una prensa libre, es la propia democracia la que está amenazada. Pedimos el apoyo de los ciudadanos para defender el derecho a la información y garantizar que se pueda decir la verdad, sin filtros y sin miedo.