Montevideo (Mesa Américas), 4 oct (Sputnik).- El Grupo de Puebla, foro político y académico de la izquierda latinoamericana, manifestó el jueves su preocupación por una presunta «campaña de lawfare» (judicialización de la política) contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).
«El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se está empezando a desarrollar contra el compañero Evo Morales en Bolivia. A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros (…) entre (…) Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales», afirmó en un comunicado publicado en su página web.
El foro indicó que algunas acusaciones contra Morales son «infundadas» y otras ya fueron resueltas judicialmente en el pasado.
«Hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales. Invitamos al Gobierno del presidente Arce a no permitir que su Gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano, estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales», advirtió.
Por último, el Grupo de Puebla aseguró que insistirá en la búsqueda de espacios «pacíficos y democráticos» para el reencuentro de los distintos sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).
El exministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, denunció la noche del miércoles una persecución contra líderes como Morales, que convocaron a la marcha del 23 de septiembre contra Arce y cuestionó una orden de aprehensión para detenerlo.
La orden de aprehensión fue frenada con una acción de libertad tramitada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este), en menos de ocho horas.
Asimismo, la fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija (sur), denunció a la prensa local que recibió una llamada del fiscal general, Juan Lanchipa, quien le anunció su despido por investigar a Morales.
La investigación por violación a menor y trata de personas contra Morales data de 2016 y fue reactivada de oficio por la Fiscalía de la ciudad de Tarija, aunque la víctima ni sus familiares se apersonaron ante el Ministerio Público.
Al menos cinco investigaciones se habrían instaurado en contra del expresidente Morales en los últimos días, la mayoría después de la realización de la marcha que protagonizó, señala Romero. (Sputnik)