Guardado en los cajones desde su firma en Moscú, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de cooperación militar y técnica entre el Gobierno y el de la Federación Rusa fue finalmente adoptado por el Consejo Nacional de Transición (CNT), el jueves 4 de julio.
Llevado por el Ministro de Defensa y Asuntos de los Veteranos, el texto había sido aprobado previamente por el Consejo de Ministros, en su reunión del 20 de junio de 2024. Se refiere a la operación, reparación y modernización de las armas y equipos entregados, así como prestación de otros servicios de carácter militar y técnico, formación de especialistas para la ejecución de programas conjuntos en el ámbito de la cooperación militar y técnica.
Incluye también la formación de especialistas militares en escuelas rusas apropiadas, según las necesidades y el potencial de las partes. Todo lo que llevó al ministro de Defensa, coronel Sadio Camara, a anunciar la llegada muy inminente de un proyecto de industrialización del material de defensa maliense, es decir, el inicio de la producción de municiones y del montaje de determinados vehículos blindados en Malí. También fue una oportunidad para que el ministro amigo de Rusia levantara el velo sobre ciertas cuestiones que atormentan las mentes de los contribuyentes malienses, en particular las ganancias financieras inesperadas de las compras de armas con el socio ruso.
Y si Choguel dice no saber nada, Sadio Camara asegura que “todos los gastos que se hacen en el Departamento de Defensa están justificados y documentados. “Todos los contratos de armas que se firman se tramitan directamente con los países sin intermediarios”, indicó de paso. También aprovechó la oportunidad para compartir la visión de su departamento sobre la transferencia de habilidades. Según él, esto explica el hecho de que los alumnos sean enviados a Rusia para estudiar ingeniería durante seis o siete años.
Adoptado por unanimidad por 130 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el acuerdo entra en vigor a partir de la fecha del último dictamen escrito que confirma la realización por las partes de los procedimientos nacionales internos necesarios, por un período de 5 años.
Amidou Keita