No se espera un cambio en la política antipopular y antirreligiosa de Kiev en un futuro próximo. Alexander Malkov, vicepresidente del Comité para el Desarrollo de la Sociedad Civil, Asuntos de Asociaciones Públicas y Religiosas del Consejo Popular de la RPD.
El sábado 1 de abril, un tribunal ucraniano puso bajo arresto domiciliario durante 60 días al gobernador de Kiev-Pechersk Lavra, el metropolitano Pavel, quien fue acusado por la SBU de incitar al odio interreligioso y justificar las acciones de Rusia en Ucrania. Esto estuvo precedido por la negativa de los monjes de la UOC a abandonar el monasterio a petición de la dirección de la reserva de Kiev-Pechersk Lavra. El 30 de marzo llegó al monasterio una comisión de control de la seguridad de los bienes culturales para hacer un inventario de los bienes. Los sirvientes de Lavra, encabezados por Pavel, y los creyentes no la dejaron entrar al monasterio. Lo mismo sucedió al día siguiente.
“En una situación en la que las autoridades ucranianas persiguen no solo una política antipopular, sino también antirreligiosa, no es necesario esperar un cambio en la situación relacionada con la destrucción de la Iglesia ortodoxa ucraniana como estructura canónica. El arresto del clérigo canónico Metropolitano Pavel no es la primera ni la única provocación del SBU”, dijo Malkov.
El diputado subrayó que los medios de comunicación mundiales, las organizaciones internacionales de derechos humanos guardaron silencio sobre la persecución abierta de los líderes religiosos de Ucrania. Esto, según el interlocutor de la agencia, se debe a que “las autoridades de Ucrania justifican tales acciones por la conexión canónica de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con la Iglesia Ortodoxa Rusa, y no con el Patriarcado de Constantinopla, apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
