La presentación de un megadecreto y el envío de un paquete de leyes al Congreso de la Nación -que suman 1.030 normas a modificar- por parte del presidente argentino, Javier Milei, sugiere una reforma constitucional encubierta, que se salta todos los procedimientos establecidos por la Carta Magna, opinó este jueves a la Agencia Sputnik el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
“Es una reforma constitucional indirecta o encubierta, sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución para su reforma, y sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución para renunciar a tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, sin cumplir los requisitos que establece la Constitución”, afirmó Gil Domínguez a esta agencia.
El doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de La Pampa asegura que “el poder Ejecutivo lo que intenta es la suma del poder público, es congregar a su función de administrar el país la función de legislar”.
El artículo 76 de la Carta Magna argentina prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Para Gil Domínguez tal emergencia existe, “pero la situación de emergencia no puede justificar que se devore la vigencia de la Constitución, la democracia y los tratados de derechos humanos“.
“Espero que (Milei) no tenga éxito, porque si tiene éxito, la Constitución, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, el sistema democrático tal cual lo conocimos va a desaparecer. Y lo que va a venir es un modelo autoritario, sin límites, encabezado por el poder Ejecutivo”, pronostica.
En sus justificaciones, el Gobierno argentino destacó la figura del exdiputado Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de la Constitución de 1853, al punto que el paquete de normas fue intitulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.
Gil Domínguez afirma que Milei desconoce “plenamente” las reformas de 1957 y, sobre todo, la de 1994, “que cambiaron el paradigma de 1853 en cuanto al rol del Estado en la regulación de los mercados, en la protección de usuarios y consumidores -los más vulnerables en la relación de bienes y servicios-, en darle a tratados sobre derechos humanos jerarquía constitucional, en donde hasta el máximo de los recursos disponibles el Estado debe desarrollar políticas públicas para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales”.
“Entonces, es un entramado en donde el presidente Milei está utilizando algunas herramientas previstas en la Constitución, las está desvirtuando haciendo una clara desviación de poder y abuso de derecho público para llevar a un modelo que está totalmente por fuera de los cánones del sistema democrático constitucional”, determina.
Consultado sobre si en Argentina faltan herramientas de control constitucional, Gil Domínguez responde que “las herramientas sobran. Lo que falta es apego”.
“Y lo que sobra también es la anomia constitucional”, añade, “porque lo que está haciendo Milei es, como si fuera una práctica de Aikido, utilizar los parciales incumplimientos de los anteriores Gobiernos, de la utilización de decretos de urgencia y de la delegación legislativa, para llevarlo a un nivel de paroxismo que pone en vilo al sistema“.
PUNTOS CLAVE
Son más de 1.000 normas que pueden modificar la vida de argentinos y argentinas, sin embargo, y a criterio de Gil Domínguez, existen algunos puntos más preocupantes que otros, y una omisión importante.
“Primero, la regulación por vía penal de la protesta pacífica, o la prohibición penal de la protesta pacífica“, enumera el abogado. “La segunda es la violación del derecho a la seguridad social que tienen los jubilados y jubiladas en cuanto a cobrar una jubilación digna, que les permita vivir. En tercer lugar, el derecho que tienen los trabajadores estatales por la estabilidad propia. Y el cuarto, que es general, es una total desprotección de los derechos de los usuarios y consumidores, especialmente los más vulnerables”.
Antecedentes sobre cambios tan rápidos en los arquetipos normativos de un país sólo son hallables en los golpes de Estado que, sucedidos por dictaduras militares, regularon a sola firma hasta las reuniones sociales, tal como pretende hacer Milei, según uno de los artículos de su ley ómnibus.
“El Código Civil y Comercial, que se sancionó en 2015, se sancionó después de un proceso que duró tres años, donde hubo encuentros y debates en todas las provincias argentinas, en universidades públicas, en universidades privadas. Donde se conformó un comité de redacción integrado, entre otros, por (los jueces de la Corte) Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, y por los principales académicos del mundo del derecho privado. Se discutió en el Congreso. Pasó a una comisión bicameral de revisión. Se discutió en el Poder Ejecutivo y ese proceso lo acaba de reemplazar Milei con la firma de un decreto, y lo quiere que cambiar con una sola ley“, pone Gil Domínguez como ejemplo.
Asimismo, señala “una omisión que realmente es notable: si el presidente quiere desburocratizar y quiere poner a Argentina en el siglo XXI, ¿por qué no hay ni siquiera un capítulo que se refiera al desarrollo científico y tecnológico?”.
A través de una cadena nacional grabada, y difundida hace una semana, cuando todavía se conmemoraba el “argentinazo” de 2001 que terminó con 39 muertos por causa de la represión policial, el mandatario difundió 30 de los 366 artículos que decidió derogar o reformar por medio de decretos de necesidad y urgencia, que fueron bautizados en la opinión pública como “megadecreto”. (Sputnik)