El abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó hoy que las tropas que dieron muerte a manifestantes en las protestas contra la mandataria pudieron actuar en defensa propia.
“Imaginemos que existe una agresión brutal a un efectivo policial, en legítima defensa pudo ocurrir esta situación (la muerte de manifestantes)”, dijo el letrado Joseph Campos en declaraciones públicas.
·Incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere”, sostuvo el defensor de Boluarte en el proceso de investigación que le inició la Fiscalía de la Nación, por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
El caso incluye al primer ministro Alberto Otárola y está referido a las muertes de la primera ola de protestas, en diciembre de 2022, y no en otro proceso que la afecta, por financiamiento electoral irregular.
Sostuvo que las fuerzas militares y policiales hicieron uso de las armas actuando en “legítima defensa” ante el supuesto ataque de los manifestantes, a lo que la versión electrónica del diario La República opone los numerosos videos que muestran a los uniformados disparando a civiles que huían o se encontraban a distancia.
Campos sostuvo que la responsabilidad de la presidencia termina en la orden que dio a las Fuerzas Armadas y la Policía, de que restablezcan el orden ante graves alteraciones causadas por las grandes protestas sociales que exigían la renuncia de Boluarte.
Coincidió con declaraciones del primer ministro y del titular de Defensa Jorge Chávez en el sentido que los responsables de eventuales excesos en las operaciones contra las protestas, corresponden a las fuerzas militares y policiales.
Tal enfoque mereció críticas de la oposición y las organizaciones sociales que acusaron a los miembros del gobierno de eludir su responsabilidad política en cerca de 70 muertes registradas durante la protesta o situaciones colaterales.
Las manifestaciones estallaron tras la destitución parlamentaria del presidente Pedro Castillo, en diciembre pasado, y reclamaron la renuncia de Boluarte, prontas elecciones generales adelantadas y un referendo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de Perú e internacionales han exigido explicaciones sobre las muertes y denunciado graves violaciones de esos derechos.
Ante ello, el Gobierno señala que el tema lo investiga el Ministerio Público, cuya titular, Patricia Benavides, es acusada por seguidores de Castillo y organizaciones políticas y sociales de actuar a favor del ejecutivo.
PL
